viernes, 12 de noviembre de 2010

el caudillo

La Dictadura de Franco (1939 - 1975)




El final de la Guerra Civil no supuso el fin de la violencia política ni la vuelta a la normalidad. El bando triunfante no tenía la intención de perdonar los crímenes de sus adversarios ni de iniciar un proceso de reconciliación nacional. El nuevo sistema político iniciado a partir del 1 de abril de 1939 se basaba en la división entre vencedores y vencidos, en la imposición de los valores de los primeros y en la negación de los principios políticos e ideológicos de los segundos. Por ello, la inmediata posguerra estuvo presidida por la represión y la persecución política, la escasez de alimentos y productos de primera necesidad y el juego de influencias de las distintas familias que habían formado el bando victorioso en la Guerra Civil.
D. Francisco Franco Bahamonde
La inmediata posguerra (1939-45)
La represión de la posguerra
Toda guerra civil comporta un alto grado de violencia política entre los civiles y la española no fue una excepción. De hecho, la violencia ya se había apoderado de la vida política española antes de la guerra y durante ella no hizo más que incrementarse. Los estudios más rigurosos cifran en alrededor  de 400.000 las muertes violentas producidas durante la Guerra Civil, repartidas a partes iguales entre ambos bandos.
El final de la guerra no acabó con la represión, ni abrió paso a la reconciliación, ni tampoco supuso el fin de la militarización de los juicios políticos. Al seguir en vigor el estado de guerra hasta 1948, se mantuvieron los tribunales militares y las fuerzas de seguridad continuaron sometidas a disciplina militar. Los Tribunales Militares solían ventilar alrededor de 15 casos a la hora, sin garantías procesales y presumiendo la culpabilidad del acusado.
Con anterioridad al fin de la guerra, el gobierno nacionalista de Salamanca declaró fuera de la ley todos los partidos, asociaciones y sindicatos que habían apoyado al gobierno republicano. De igual forma, se impuso una estricta censura de prensa, se prohibió toda manifestación de la diversidad cultural y lingüística del estado y se persiguió cualquier tipo de disidencia política, religiosa o ideológica. Una vez finalizada la guerra esta legislación fue completada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Ley de Represión de la Masonería y Comunismo de marzo de 1940, que extendían su jurisdicción a todas las formas de colaboración con el bando republicano de forma retroactiva hasta el 1 de octubre de 1934. Sin embargo, a pesar de la laxitud de ambas normas, la persecución fue selectiva, apuntando a los principales responsables de las organizaciones e instituciones republicanas.
La dureza de la represión fue amortiguándose con el paso del tiempo. A finales de 1939 la población reclusa ascendía a 270.719 personas; a finales de 1945 la cifra había descendido a unos 40.000, de los cuales menos de la mitad podían considerarse como presos políticos. Las ejecuciones por motivos políticos, que se calculan en unas 28.000 durante la posguerra, se convirtieron en un fenómeno excepcional a partir de 1945.
Franco, caudillo de España
Para escapar de la represión muchos de los que se habían comprometido con la causa republicana tomaron la vía del exilio. Sabemos que salieron del país unas 180.000 personas durante los últimos meses de la guerra, aunque la cifra total de exiliados pudo ser mayor. Los 140.000 exiliados que llegaron a Francia después de la campaña de Cataluña fueron agrupados en campos de concentración, donde se les trató más como prisioneros que como refugiados. Los exiliados que emigraron a México, en cambio, fueron recibidos hospitalariamente por el presidente Lázaro Cárdenas. En cualquier caso, el anhelo de todo exiliado era volver a España y aunque no hubo ninguna política de reconciliación por parte del régimen franquista, la mayoría de ellos lo hicieron en los primeros años de la década de los cuarenta, de forma discreta y sin ser objeto de represalias.
La represión no se limitó a la persecución política sino que se extendió a la imposición de un nuevo orden de corte fascista. Para ello, las nuevas autoridades se empeñaron en borrar todo recuerdo del paso de la República y llenaron las calles de los símbolos de los vencedores: las hoces, martillos y las banderas tricolores fueron sustituidas por yugos, flechas y águilas imperiales. Las plazas y calles más importantes de cada ciudad se dedicaron a Franco, José Antonio y los héroes locales del bando nacionalista.El nombre del Caudillo se pintó en las paredes de los edificios públicos de toda España y su imagen se reprodujo en sellos, monedas y fotografías colocadas en todas las oficinas públicas. Se impusieron nuevos hábitos siguiendo un estricto código moral de corte tradicional. La prohibición del uso en público del catalán, vasco y gallego fue acompañada por la campaña Habla la lengua del imperio, que pretendía extender al ámbito privado la obligación del uso del castellano.
La España del hambre
La guerra continuó determinando la vida cotidiana de los españoles. Todas las familias habían perdido algún ser querido durante la contienda, conocían alguna víctima de la represión o habían padecido la violencia política de uno u otro bando. Algunas ciudades y pueblos eran la viva imagen de la destrucción; durante la guerra fueron destruidas alrededor de 250.000 viviendas y buena parte de las comunicaciones más importantes.
Los alimentos no sólo eran escasos sino de ínfima calidad. Con la finalidad de garantizar el suministro de productos de primera necesidad se implantó la cartilla de racionamiento, aunque se reveló claramente insuficiente. Los que disfrutaban de una buena situación económica recurrieron al mercado negro aunque no era necesario ser rico para saltarse el racionamiento; cualquier pariente o amigo en el Ejército, la Administración o la Falange tenía acceso a productos al margen de la cartilla. Durante 10 años los españoles tuvieron que padecer las penurias del racionamiento, mientras unos pocos acumulaban grandes fortunas gracias al estraperlo.
Vale por dos paquetes de tabaco
España inició la posguerra con unas perspectivas desalentadoras: la producción industrial había descendido más de un 30% y la agrícola un 20%. No había reservas de oro y el acceso a créditos internacionales estaba cerrado como consecuencia de la guerra mundial. Sin un plan coordinado de reconstrucción nacional, el régimen apeló a la austeridad y el sacrificio de los españoles.
El nuevo régimen
El primer gobierno de la posguerra se constituyó el 8 de agosto de 1939. Franco, que ya acumulaba la Jefatura del Estado y del Gobierno, eligió cuidadosamente a sus ministros entre las distintas familias del bando nacionalista: monárquicos, falangistas y militares.
Franco preside la primero reunión de gobierno, 1939
En 1939 la Falange contaba con una afiliación numerosa (650.000) aunque poco activa.La mayoría de sus miembros no parecían comulgar con el credo nacional sindicalista revolucionario de las camisas viejas sino más bien pretendían procurarse cierta respetabilidad para ocupar plazas funcionariales o empleos en los que se requiriese una incontestable adhesión al nuevo régimen. En la inmediata posguerra los falangistas ocuparon el 37% de los ministerios y el 30% de los cargos administrativos.
Mucho más importante fue el papel de los militares que, hasta 1945, ocuparon casi la mitad de los ministerios. Controlaban la represión, las fuerzas de seguridad y los ministerios económicos y gozaban de privilegios especiales.
La mayoría de los monárquicos que formaron parte en los primeros gobiernos de Franco eran hombres de lealtad probada, muchos de ellos militares. Franco fue mucho más paciente con las críticas de los militares monárquicos que con cualquier otro grupo del régimen, siempre que no se involucraran en conspiraciones y declararan sus aspiraciones en privado. De hecho, Franco siempre acababa asegurándoles que el objetivo último del régimen era la restauración. 
En 1939 Serrano Suñer se consolidó como la mano derecha del Caudillo promoviendo un reforzamiento del componente fascista del régimen, siguiendo el modelo italiano. Se aprobaron los estatutos de FET y de las JONS, se encomendó al sindicato universitario falangista (SEU) y a su organización paramilitar (Frente de Juventudes) el adoctrinamiento de la juventud, se estableció la Organización Sindical bajo el mando de los falangistas y se impuso una política económica inspirada en el corporativismo italiano. Pero fue un proyecto fallido, ya que el resto de las familias del régimen -especialmente militares y monárquicos- se opusieron a una configuración fascista del régimen. El sorprendente nombramiento de Muñoz Grandes, un oficial profesional sin pasado falangista, como secretario de la FET fue una forma de subordinar la organización a la autoridad de un militar.
Desde el principio Franco adoptó una actitud neutral en las rencillas internas del régimen. No quiso identificarse con ninguna de las familias y su propia indefinición ideológica le permitió arbitrar entre ellas. Aunque escogía a sus ministros por su lealtad personal, siempre pretendió respetar un cierto equilibrio.
España ante la guerra mundial
Uno de los motivos de mayor controversia entre las familias del régimen lo produjo el posicionamiento internacional de España en la II Guerra Mundial. Los falangistas se mostraron proclives a una intervención en favor del Eje, mientras que los militares, aunque muchos de ellos germanófilos, rechazaron cualquier implicación en el conflicto. Los monárquicos, después de muchas vacilaciones, se declararon pro-aliados a partir de 1942. Franco se reservó su decantación en favor de uno u otro bando; lo que la propaganda franquista calificó de hábil prudencia no fue otra cosa que una actitud dilatoria esperando que el conflicto se decantase claramente a favor del Eje.
El 4 de septiembre de 1939 España se declaró neutral en la guerra. Serrano Suñer, que había recibido presiones de los fascistas italianos, consiguió del Caudillo una rectificación en favor de la no beligerancia en junio de 1940. Fue entonces cuando el gobierno español presentó al alemán sus condiciones para entrar en el conflicto: territorios en el Norte de África, defensa de las Islas Canarias, apoyo para la conquista de Gibraltar y una importante ayuda económica. El 23 de octubre de 1940 Franco y Hitler se reunieron en Hendaya para negociar los términos de la colaboración, pero la reunión concluyó sin acuerdo.  La actitud ambigua de Franco, pero, sobre todo, los recelos alemanes de considerar a España como un aliado rentable, frustraron los deseos de los falangistas que optaron por enviar una misión de voluntarios al frente soviético conocida como la División Azul.
Entrevista de Franco con Hitler en Hendaya
La diplomacia española justificó el envío de voluntarios en apoyo de la Alemania nazi mediante la teoría poco digerible para los aliados de las dos guerras, según la cual España se declaraba beligerante contra el comunismo y neutral en la contienda entre el Eje y los aliados.
La sustitución de Serrano Suñer por Jordana al frente del ministerio de Asuntos Exteriores y la entrada en la guerra de los Estados Unidos dio un nuevo giro a la política exterior española. El desembarco aliado en el Norte de África y la ocupación total de Francia por Alemania colocaron a España en una situación comprometida a finales de 1942. Ambos bandos estaban, pues, interesados en una estricta neutralidad española que no se concretó oficialmente hasta el 1 de octubre de 1943. Un mes más tarde se procedió a la retirada de la División Azul.
Voluntarios Españoles parten hacia Alemania
La crisis de 1942
Las discrepancias entre las familias en política exterior no eran más que una proyección de la desavenencia general entre los falangistas, monárquicos y militares. Las pretensiones de Serrano Suñer de establecer un sistema fascista chocaron con el resto de las familias  y con el propio Franco, que empezó a confiar en Arrese para domesticar la Falange y en Carrero Blanco como mano derecha. En 1941 varios militares y monárquicos expusieron a Franco la necesidad de relegar a la Falange a un segundo plano y anular el protagonismo de Serrano Suñer. Franco, que nunca se sintió preso de ninguna corriente del régimen, se negó a acceder a sus peticiones fomentando la rivalidad entre los sectores más radicales de cada grupo. En el verano de 1942 las peleas callejeras entre falangistas y sus rivales fueron haciéndose cada vez más habituales hasta que finalmente estalló el conflicto el 16 de agosto en Begoña.
En la celebración anual en memoria de los carlistas caídos en la guerra en el santuario de la Virgen de Begoña (Bilbao), se produjeron incidentes entre carlistas y falangistas. El lanzamiento de dos granadas por parte de algún falangista fue interpretado por el ministro del Ejército, general Varela, que se hallaba dentro del santuario, como un ataque a los militares. Varela y el ministro de Gobernación, Galarza, instaron a Franco a tomar medidas contra la Falange. Franco volvió a ejercer sus dotes arbitrales sustituyendo a todas las partes en conflicto: Varela, Galarza y Serrano Suñer. No contentando a nadie consiguió relajar los ánimos y fortalecer todavía más su poder.

La consolidación del régimen (1945-51)
El aislamiento internacional
El final de la Guerra Mundial volvió a poner a prueba la capacidad de resistencia de Franco. Aunque desde 1943 España mantuvo una actitud neutral en el conflicto, siempre quedaron claras sus preferencias por el Eje. La implicación italiana y alemana en la Guerra Civil española en favor del bando nacionalista, las frustradas negociaciones con Hitler y la apariencia fascista del régimen fueron motivos suficientes para que los aliados considerasen a España como un sistema afín al de los países derrotados. Por ello, España fue condenada por la ONU por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento en general, excluida del Plan Marshall y aislada por los países occidentales. Sólo la Argentina de Perón desafió el acuerdo de la ONU. La negativa de España a reconocer el estado de Israel le valió la simpatía de los estados árabes, con los que España decía tener unos tradicionales lazos de amistad según la propaganda oficial. Precisamente fue el rey Abdulah de Jordania el primer Jefe de Estado que visitó España desde 1936.
La respuesta de Franco a la presión internacional fue la defensa numantina de su régimen: "A nosotros no nos arrebata nadie la victoria". Fue entonces cuando Franco desplegó su disparatada teoría de la conspiración masónica y comunista a escala mundial contra España. La estrategia funcionó y el 9 de diciembre de 1946 más de medio millón de personas aclamaron a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid.
En estas circunstancias, la oposición democrática en el exilio albergó ciertas esperanzas de dar por finalizado un período que ellos consideraban meramente transitorio. La opción monárquica representada por don Juan de Borbón se convirtió en la alternativa más viable. Por una parte, Franco nunca había renegado de su fidelidad a la monarquía, lo que podía hacer suponer una cierta predisposición al diálogo. Por otra, la decantación de don Juan hacia posturas claramente democráticas en el Manifiesto de Lausana podría haber disipado los recelos de otras fuerzas políticas de oposición al franquismo; de hecho, emisarios de don Juan mantuvieron relaciones con el PSOE, aunque se concluyeron sin acuerdo. El acoso internacional al régimen franquista dio falsas esperanzas a los comunistas y anarquistas, que reanudaron sus operaciones guerrilleras en los años 1946-47. La operaciones de los maquis en el campo fueron controladas por un Ejército que disfrutaba de amplias prerrogativas, ya que continuaba en vigor el estado de guerra. En 1948 los comunistas tomaron el acuerdo de disolver la guerrilla; desde 1944 habían tenido unas 4.000 bajas frente a las 500 de la Guardia Civil.
Sin embargo, Franco supo resistir la presión exterior e incluso decidió dar forma institucional al régimen, lo que implícitamente reflejaba una voluntad de permanencia en el poder, mediante el Fuero de los Españoles y la Ley de Sucesión. Es lo que Franco denominó, con fuertes dosis de cinismo, "vestir traje democrático". Sin embargo, la democracia orgánica que Franco decía haber instaurado no era más que una dictadura personal basada en la máxima de Carrero: orden, unidad y aguantar.
La redefinición del Régimen
El Fuero de los Españoles promulgado el 17 de julio de 1945 pretendía ser una carta magna de los derechos individuales de los españoles, siempre y cuando no atentaran contra los principios fundamentales del Estado, que se reservaba el derecho de suspenderlos temporalmente. Desde luego, no recogían los principios del pluralismo político ni los más elementales derechos de un estado democrático.
Paralelamente a esta ley, Franco había ido introduciendo ciertas modificaciones parciales con el objeto de anular el estilo fascista del régimen; a partir de 1942 se dejó de hablar de Falange como partido para englobarlo en la acepción más genérica de Movimiento, al que se asignó una misión puramente instrumental. Los signos externos falangistas, como el saludo romano, fueron desterrados por orden expresa de las autoridades, que pretendían borrar la imagen fascista que el régimen tenía en el extranjero.
La redefinición del régimen avanzó un paso más con la Ley de Sucesión de 7 de junio de 1947, con la que se pretendía legitimar la autoridad de Franco como un regente vitalicio con facultad para designar al sucesor a la Corona. España quedaba configurada como una monarquía católica y representativa en la línea del pensamiento tradicionalista de Franco. El proyecto de ley fue sometido a referéndum, obteniendo el 78% de votos afirmativos. El régimen pudo felicitarse del respaldo popular obtenido y Franco comprobó con satisfacción cómo la familia monárquica se dispersaba en varios grupúsculos.
Sin embargo, Franco nunca se comprometió en plazos ni procedimientos con los monárquicos. Ya en 1943 había enviado una carta a don Juan para aclararle que no se sentía comprometido con la corona, ya que la monarquía había abandonado el poder en 1931 y los militares se habían alzado contra la República por el bien de España y del catolicismo, no con el fin de procurar la restauración. Como es lógico, la Ley de Sucesión no fue bien acogida por don Juan que, desde Estoril, declaró que lo que ahora se pretendía era pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal. 
La pérdida de influencia de la Falange como fuente ideológica del régimen dio paso al nacionalcatolicismo. El catolicismo tradicional pasó a ser el principal fundamento doctrinal del franquismo, simbolizado en la propaganda oficial como Por el Imperio hacia Dios, inspirando la vida pública, la legislación, la educación y las costumbres. Durante la Segunda Guerra Mundial la mayoría de la clase política estaba formada por falangistas y militares; ahora que las cosas habían cambiado, Franco pensó que podía recurrir a los católicos. La principal figura del catolicismo colaboracionista era Martín Artajo, que pasó directamente de la presidencia de Acción Católica al ministerio de Asuntos Exteriores.
Francisco Franco
La autarquía
El fin de la guerra mundial no sirvió para aligerar la penuria económica que padecían los españoles. El ostracismo al que se vio sometida España le privó de participar en los proyectos de reconstrucción europea promovidos por los Estados Unidos. La economía española se vio forzosamente impelida hacia la autarquía, sin ayudas externas para reactivar la producción agrícola e industrial. El Estado asumió la dirección de la economía, pero sus fondos eran tan exiguos que el proceso de recuperación resultó extraordinariamente lento si lo comparamos con lo sucedido en el resto de Europa.
La economía española se hizo rural, rompiendo la tendencia migratoria a las ciudades. La razón de esta vuelta al campo se debió a las dificultades de abastecimiento de los núcleos urbanos. A pesar de esto, la política económica del gobierno se centró en grandes proyectos industriales de escasa eficacia.
En los años cuarenta se constituyeron las principales empresas que configuraron el holding público del INI: Iberia (1943), ENASA (1946) y SEAT (1949). Se nacionalizó el transporte por ferrocarril (RENFE) y se dio prioridad a la inversión en siderurgia, carbón e hidroeléctricas. La industrialización se convirtió en la prioridad del régimen que, en su distribución de recursos financieros, preterió a la agricultura a pesar de ser el sector más importante de la economía española. No hubo capital suficiente para acometer el plan de modernización, tecnificación e irrigación del campo español que siguió padeciendo su tradicional retraso. La falta de inversión y la larga sequía de los años cuarenta provocaron la carestía de alimentos y el régimen se vio obligado a comprarlos en los mercados extranjeros dispuestos a vender. La Argentina de Perón decidió romper el aislamiento internacional y se convirtió en la mayor proveedora de alimentos y materias primas de España. Sin embargo, el suministro de alimentos a la población a través de las cartillas de racionamiento no alcanzó los mínimos razonables, nutriendo el rentable negocio del mercado negro.
Instituto Nacional de Industria
En 1951 se produjeron las primeras manifestaciones de descontento social de la posguerra. Del 1 al 6 de marzo los barceloneses boicotearon a los tranvías en protesta por la elevación del precio de los billetes. También en Barcelona, País Vasco y Madrid se registraron las primeras huelgas contra la elevación del coste de vida, muy por encima de las alzas salariales.
Al final de la década de los cuarenta Franco había superado todos los desafíos que se le habían planteado al iniciarla. La Falange había sido domesticada según sus necesidades, las conspiraciones de militares monárquicos habían sido abortadas ab initio y el régimen podía felicitarse del considerable grado de aceptación popular demostrado en el referéndum de 1947. La economía tendía, aunque lentamente, a la recuperación, y España era uno más de los países europeos sometido a los rigores del racionamiento.
Además, la actitud internacional respecto a España empezó a variar con el inicio de la guerra fría. Desde la manifestación de adhesión al Caudillo en la Plaza de Oriente en diciembre de 1946, las cancillerías europeas habían empezado a valorar el ostracismo a Franco como un error político que favorecía más la cohesión interna en torno al general que su debilidad. Los gobiernos occidentales empezaron a ver en Franco una baza segura contra el comunismo en un momento en el que se temía la expansión soviética en Europa. Ya en 1943 Franco había declarado ante el Consejo Nacional del Movimiento que en el anticomunismo estaba la clave de nuestra política y los hechos habían confirmado sus argumentos.
En 1948 Francia reabrió sus fronteras y en 1950 la ONU canceló la proscripción al régimen español. España, que había quedado al margen del Plan Marshall, fue objeto de la generosidad norteamericana con un crédito de 62,5 millones de dólares. Sin embargo, la reorientación cosmética del régimen y la guerra fría no fueron condiciones suficientes para considerar a España un aliado lo suficientemente respetable como para ser invitado a participar en la OTAN.
La plenitud del Franquismo (1951-65)
El fin del aislamiento
La reincorporación de España al concierto internacional se realizó de forma lenta y paulatina. No hubo ninguna declaración solemne de rehabilitación, pero los acuerdos con el Vaticano y los Estados Unidos sirvieron para conseguir la aceptación de España en los foros internacionales. En esta tarea trabajaron tres personalidades de la familia católica del régimen: Martín Artajo desde el ministerio de Asuntos Exteriores y Ruiz-Giménez y Castiella, sucesivamente, en la embajada española en Roma.
El concordato firmado con la Santa Sede en 1953 por el ministro español Artajo y el secretario de Estado del Vaticano monseñor Tardini contenía numerosas concesiones por parte del Estado español a cambio de un apoyo inequívoco al régimen. España se declaraba como un estado confesional, comprometiéndose a contribuir a los gastos de la Iglesia mediante una dotación económica y exenciones fiscales. Además, se reconocía un fuero eclesiástico, la competencia de la Iglesia en las causas matrimoniales y el control sobre la educación. En realidad, la firma del concordato no suponía ninguna renuncia para el franquismo que ya había optado por definirse como un régimen católico y tradicional nacido "de la cruzada por Dios y por España". Por eso, las autoridades españolas se dieron por satisfechas con las simples contrapartidas formales que el Vaticano estuvo dispuesto a ofrecer.
S. S. Pío XII
En cuanto al acuerdo con los Estados Unidos firmado en 1953 por el ministro Artajo y el embajador James Dunn, Franco declaró que tenía un origen militar, con derivaciones políticas y, en definitiva, de contenido económico. El pacto preveía la utilización en régimen conjunto de las bases de Morón, Torrejón, Rota y Zaragoza durante un periodo de 10 años prorrogables y la construcción de un oleoducto entre las dos últimas. Desde un punto de vista político, el acuerdo significaba el reconocimiento del régimen por parte de los Estados Unidos estableciendo unos lazos distintos de los que les unían al resto de los países europeos asociados en la OTAN. Desde la fecha del tratado hasta 1960 España recibió 456 millones de dólares que sirvieron para la compra de material militar norteamericano.
En definitiva, el acuerdo fue satisfactorio para ambas partes: para España significó romper el aislamiento gracias al respaldo de la gran potencia occidental; para los Estados Unidos, un medio para aumentar su presencia militar en todo el mundo. Sin embargo, las relaciones entre ambos países distaron mucho de ser cordiales. Las autoridades españoles sabían las limitaciones de un acuerdo que no suponía ningún compromiso norteamericano de defender el territorio nacional y cuya vaguedad dejaba un amplio margen de maniobra a los Estados Unidos. El hecho que el acuerdo no llegara a tener rango de tratado resultaba ciertamente enojoso desde el punto de vista político, ya que además de no poder ser equiparable a otros pactos con países europeos significaba haber obviado la ratificación por parte del Senado norteamericano.
A pesar de todos los inconvenientes, el régimen presentó el acuerdo como una gran victoria de la diplomacia española. La visita del presidente Eisenhower el 21 de diciembre de 1959 rompió la atonía de la vida política nacional: más de un millón de madrileños salieron a la calle para recibirlo.
Franco recibe a Eisenhower
Después de la firma de concordato y el pacto con los Estados Unidos, la política exterior española se dedicó a administrar los beneficios de la ruptura del aislamiento. Poco a poco España fue ingresando en los foros internacionales: en 1955 fue admitida en la ONU junto con una quincena de naciones; el mismo año envió representaciones al Fondo Monetario Internacional y a la O.I.T. De poco le sirvió a España el respaldo de la ONU en el tema de Gibraltar, ya que Gran Bretaña no varió de postura sin sufrir sanción alguna. Franco adoptó una actitud pragmática en el tema colonial: en 1961 se produjo el abandono definitivo de Marruecos y se inició el proceso de descolonización de Fernando Poo y del río Muni que culminó con la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.
La Falange contraataca
El relajamiento de la presión internacional y la inexistencia de una oposición interna sólida permitió a Franco disfrutar de los años más tranquilos de su régimen. En 1951 procedió a una remodelación ministerial que supuso la resurrección de una Falange, que ya había perdido gran parte de su ideario joseantoniano para convertirse sencillamente en el ala radical del régimen. Girón, Fernández Cuesta y Muñoz Grandes representaban el espíritu del nuevo gobierno frente a la posición testimonial de los católicos representados por Martín Artajo en Asuntos Exteriores y Ruiz Giménez en Educación.
Ruiz Giménez, arropado por varias personalidades independientes dentro del falangismo como Ridruejo, Laín Entralgo o Tovar, puso en marcha una reforma de los planes de estudio de la Enseñanza Media y Universitaria. Los intentos del ministro en favor de una apertura cultural en la Universidad que permitiera la incorporación a la docencia de figuras no comprometidas con el régimen, provocó la reacción de los falangistas, que no estaban dispuestos a perder la posición hegemónica del SEU en la Universidad.
Ruíz Giménez
La convocatoria de un congreso de estudiantes por parte de organizaciones al margen del SEU provocó los primeros incidentes violentos entre los falangistas más radicales y estudiantes opositores al régimen. La tensión fue incrementándose hasta que, finalmente, un estudiante falangista fue herido de bala en un enfrentamiento callejero el 9 de febrero de 1956.
La respuesta de Franco fue inmediata y contundente: se decretó el estado de excepción, se clausuró la Universidad y Dionisio Ridruejo fue detenido junto con algunos estudiantes que después tendrían protagonismo en la vida política española (Tamames, Javier Pradera, Enrique Múgica, etc). Ruiz Giménez, como valedor del aperturismo, y Fernández Cuesta, como responsable del falangismo, fueron cesados en sus cargos. La crisis se solventó sin mayores consecuencias que la decantación de Ridruejo hacia posiciones liberales opuestas al régimen y la pérdida del control sobre la juventud universitaria. Si a finales de los cincuenta la despolitización marcaba el pulso de la vida universitaria, a mediados de los sesenta el inconformismo con el régimen era moneda común entre la mayoría de los estudiantes y profesorado más joven.
 La Falange, como cabeza del Movimiento, quiso entonces asegurar su papel político en el régimen proponiendo al Caudillo la aprobación de unas leyes que fijasen su competencia e ideario. La pretensión de Arrese, que en la crisis de 1956 había sustituido a Fernández Cuesta en la Secretaría General del Movimiento, era convertir a la Falange en el eje vertebrador del Estado. Franco se mostró reticente a aceptar un proyecto que supondría una delimitación de sus propias funciones y, por tanto, un recorte de sus amplios poderes. La jerarquía eclesiástica, representada por los cardenales Quiroga, Arriba y Castro y Pla y Deniel, expresaron su frontal oposición y los monárquicos se opusieron radicalmente a un proyecto que omitía cualquier referencia a la sucesión dinástica.
La llegada de los Tecnócratas
Franco fue dando largas al asunto hasta que el grado de enfrentamiento entre las familias se hizo insostenible. En febrero de 1957 se vio obligado a ejercer nuevamente de árbitro en las rencillas gubernamentales sustituyendo a doce de sus dieciocho ministros.Martín Artajo, cabeza del sector católico, fue sustituido después de doce años en el cargo por otro católico, Castiella, más proclive al entendimiento con los falangistas. Por otro lado, además de la marginación de Arrese a la cartera de Vivienda se produjo el relevo del más joseantoniano de los ministros falangistas, Girón, por un posibilista como Solís. En el ministerio de la Gobernación Franco puso a su amigo personal, el general Camilo Alonso Vega. Navarro Rubio en Hacienda, Ullastres en Comercio y López Rodó en la secretaría general técnica de la Presidencia del Gobierno representaban el ala tecnócrata del gobierno.
Después de la derrota de los proyectos de Arrese, la institucionalización del régimen corrió a cargo de López Rodó que se había convertido en la mano derecha de Carrero Blanco. López Rodó presentó un proyecto de ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957) que omitía cualquier referencia al Movimiento y que se basaba en parámetros puramente administrativos. La Ley del Movimiento, finalmente aprobada en 1958, era tan genérica que prácticamente no recordaba en nada a los proyectos fascistizadores iniciales. De hecho, Franco, que reconocía que el Movimiento era imprescindible por su labor instrumental (fieles funcionarios, control de los sindicatos, la prensa y la propaganda,etc)  no tenía un buen concepto de la Falange. A pesar de que en su mensaje de fin de año de 1954 calificase al Movimiento como aquella pléyade de hombres inasequibles al desaliento, son muchos los casos en los que Franco se manifestó privadamente de forma despectiva.
Décimo gobierno de Franco
El nuevo gobierno de 1962 reforzó el liderazgo de los tecnócratas con la incorporación de Gregorio López Bravo a la cartera de Industria, tradicionalmente regentada por militares, y Lora Tamayo en Educación. Pero la estrella de nuevo ejecutivo era el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, prototipo del burócrata eficaz y reformista del régimen. Por primera vez, el gobierno de 1962 escapaba del tradicional reparto de cargos entre las familias del régimen, ya que prácticamente habían dejado de existir. Se produjeron nuevos alineamientos que respondían más a la orientación futura que el régimen debía tomar que a los grupos que habían formado el bando nacionalista en la guerra civil.
Carrero Blanco encabezaba el grupo de los monarco-tecnócratas, partidarios de una gestión despolitizada y de una institucionalización de la sucesión monárquica en la persona de don Juan Carlos. Los regencialistas, en cambio, no estaban interesados en concretar la salida monárquica (Muñoz Grandes.) Los reformistas (Castiella, Fraga y Solís) insistían en la necesidad de reformar las instituciones, especialmente la Organización Sindical y el Movimiento, con el fin de adaptarse a los cambios que el desarrollo económico imponía. En el extremo opuesto, los inmovilistas (Alonso Vega, Martín Alonso) se oponían a cualquier reforma interna. Estas orientaciones solían solaparse; así Carrero podía ser considerado un monárquico inmovilista y Muñoz Grandes un regencialista reformista.
Cada una de las figuras del gobierno (Castiella, Solís, Fraga y López Rodó) se dedicaron a preparar y presentar al Caudillo diferentes planes de reforma. Pero Franco siguió escéptico a cualquier cambio y no dio curso a ninguno de ellos.
Portada del NO-DO (Noticiario y Documentales)
Continuidad y oposición
El 24 de diciembre de 1961 Franco tuvo un accidente de caza en una mano que le obligó a ingresar en quirófano de urgencia. Franco se rodeó de militares en aquella ocasión, demostrando claramente a quien consideraba sus más fieles y leales colaboradores. Al año siguiente nombró a Muñoz Grandes vicepresidente del Gobierno y, por tanto, su eventual sustituto en caso de muerte. Los males físicos del Caudillo no habían hecho más que empezar. En 1962 contrajo la enfermedad de Parkinson, que le iría minando en los años venideros. El problema de la continuidad quedó ya planteado a inicios de la década de los sesenta.
En 1948 don Juan y Franco se reunieron por primera vez en el yate Azor para hablar de la restauración de la monarquía. En aquellas fechas, don Juan ya había descartado la posibilidad de una restauración monárquica inmediata y sus preocupaciones estaban orientadas en la formación de su hijo don Juan Carlos en España. Las declaraciones favorables al régimen efectuadas por don Juan en 1951 favorecieron cierto nivel de  tolerancia del régimen hacia los grupos de oposición monárquica en el interior (Acción Democrática de Ridruejo, Democracia Social Cristiana de Gil Robles, Unión Demócrata Cristiana de Giménez Fernández o Unión Española). Sin embargo, don Juan siempre mantuvo una postura ambivalente para no cerrar las puertas a un posible entendimiento con la oposición democrática en el exilio. De hecho, la ausencia de cordialidad fue la nota más característica de las sucesivas reuniones de Franco y don Juan y cada acercamiento fue seguido de recíprocas muestras públicas de recelo y desconfianza.
Al margen de esta oposición monárquica moderada y de los partidos de la época republicana (PSOE, PCE) fueron apareciendo nuevos grupos de oposición al franquismo de carácter revolucionario, como el conocido FELIPE (Frente de Liberación Popular).
Una nota común a toda la oposición moderada fue su coincidencia en torno al europeísmo. En este contexto se inscribió la reunión convocada por Madariaga en Munich (1962) en la que participaron más de un centenar de representantes de la oposición moderada en el interior y el exilio: democristianos (Gil Robles, Álvarez de Miranda, Cavero, etc), monárquico-liberales (Senillosa, Satrústegui), socialdemócratas (Ridruejo), nacionalistas, etc. En ella se llegó a un texto común en el que se reclamaba el respeto a los derechos humanos, a la identidad de las regiones, a las instituciones representativas y el reconocimiento de partidos y sindicatos.
La reacción de Franco fue contundente: se suspendió el Fuero de los Españoles y se confinó a los reunidos en Munich que volvieron a España. La prensa desató una campaña injuriante contra todos los participantes en el contubernio de Munich. La oposición al franquismo era lo suficientemente fragmentada y débil como para no suponer ningún peligro serio para el régimen. A pesar de ello, Franco quiso demostrar una vez más que no habría concesiones y que el futuro dependía de su voluntad.
El plan de estabilización
Gran parte del éxito de la continuidad de Franco dependía de las posibilidades del régimen de mantener el crecimiento económico. Al iniciarse la década de los cincuenta,España logró recuperar los niveles de renta de antes de la guerra civil. El impulso industrializador se concretó en la creación de la gran empresa siderúrgica Ensidesa en Asturias y la fábrica de automóviles SEAT en Barcelona (1953). El Plan Badajoz (1952) supuso la irrigación de unas 100.000 hectáreas, la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas y la introducción de nuevos cultivos como el algodón y tabaco. En 1952 se suprimió definitivamente el racionamiento pero continuaron las restricciones en el suministro de energía eléctrica y el excesivo reglamentismo en materia de transportes y comercio. La política económica del Gobierno de 1951 se debatió entre el mantenimiento del intervencionismo autárquico y las medidas de liberalización puestas en práctica por el ministro de Comercio, Manuel Arburúa, provocando numerosas contradicciones que frenaron y desequilibraron el crecimiento económico.
Cuando en 1957 llegaron al gobierno Navarro Rubio y Ullastres, ambos de la familia tecnócrata vinculada al Opus Dei, España se encontraba prácticamente en bancarrota, con una balanza de pagos profundamente desequilibrada y una inflación galopante. Era,junto con Portugal, el país más pobre de Europa, con unos niveles de consumo y bienestar muy por debajo de los alcanzados en el resto del continente. Todos los organismos internacionales consultados por el gobierno español coincidieron en que sólo la liberalización y el levantamiento de las trabas administrativas en el comercio salvarían a España de la amenaza de suspensión de las importaciones de productos esenciales como el petróleo.
Alberto Ullastres
 Con semejante aval, Navarro Rubio expuso al Caudillo la necesidad de un cambio en la política económica que supondría el abandono definitivo de la autarquía practicada hasta entonces y de los controles que impedían el crecimiento de la economía. Resultaba anacrónico que España, especialmente en un momento en que Europa iniciaba su proceso de integración económica, quisiera seguir manteniendo el reglamentismo heredado de la posguerra. Franco, cuyos conocimientos de economía se limitaban a nociones básicas sobre intendencia militar, se mostró receloso de cualquier cambio. Pero la insistencia de Navarro Rubio acabó obteniendo sus frutos: "haga usted lo que le dé la gana", acabó diciéndole a su ministro de Hacienda.
El 22 de julio de 1959 Navarro Rubio presentó el Plan de Estabilización Interna y Externa de la Economía, un amplio paquete de medidas para combatir la inflación, favorecer el ahorro, liberalizar la inversión nacional y extranjera de las trabas administrativas y reducir el intervencionismo y reglamentismo estatal. El plan de choque previsto por Navarro Rubio pudo contar con los recursos procedentes de inversiones extranjeras, divisas aportadas por los emigrantes españoles y el incipiente turismo. Desde un punto de vista macroeconómico, el plan de estabilización sirvió para equilibrar la balanza de pagos, reducir la inflación a un 5% y conseguir un crecimiento anual del PNB en un 9% de 1961 a 1964, a costa de un considerable descenso del nivel de renta de los trabajadores, desempleo y emigración.
La política liberalizadora de los ministros tecnócratas tuvo su reflejo en el terreno laboral con la Ley de Contratos de Trabajo de 1958. Hasta entonces la política social del régimen había estado en manos de falangistas que habían conjugado la demagogia con el paternalismo estatal. El sistema social creado por el franquismo combinaba una amplia legislación de carácter asistencial (seguros obligatorios de enfermedad, vejez e invalidez, el subsidio familiar, el plus familiar, el auxilio al obrero en paro, etc.) con la negación de toda actividad sindical libre y reivindicativa. Concretamente, Girón había querido acabar con la política salarial restrictiva de la posguerra con bruscas alzas salariales que en 1956 habían contribuido a desatar la espiral inflacionista. El gobierno apostó entonces por un nuevo orden en las relaciones laborales, basado en la iniciativa de los agentes sociales a través de los convenios colectivos. Bajo el sobrenombre de conflicto colectivo de trabajo en 1965 quedó regulado el derecho a la huelga aunque de forma muy restrictiva: la huelga sólo podía ser empleada como vehículo de presión de los trabajadores en sus demandas económicas, pero no debía servir para cuestionar el orden social y mucho menos el régimen en general.
El 1 de octubre de 1961 se celebraron los veinticinco años de paz. El desarrollo económico conseguido a partir del plan de estabilización se convirtió en la pieza clave de la legitimación del régimen. Franco lo presentó como la culminación de una trayectoria cuando en realidad era fruto de una rectificación de la política autárquica implantada en la posguerra. Las huelgas de 1958 en Asturias, la movilización catalanista en una visita de Franco a Barcelona -que llevó a Jordi Pujol a la cárcel- y la protesta del clero vasco por las torturas a miembros de ETA no empañaron la imagen de autocomplacencia del régimen.

Desarrollo económico y decadencia política (1966-75)
El "Estado de obras", expresión acuñada por el ministro Fernández de la Mora (1970-1973), se convirtió en el principal argumento de la continuidad del franquismo. Desde mediados de los sesenta hasta el final del régimen, Franco no hizo otra cosa que retrasar la evolución política; a medida que fue envejeciendo fue atrincherándose en sus convicciones y temores, demostrando su incapacidad para evolucionar al compás de los cambios producidos en la sociedad española. Franco no supo entender ni anticiparse a los acontecimientos y respondió a las manifestaciones de vitalidad de la sociedad civil con reformas insuficientes y tardías. Pero, como contrapartida, el excepcional desarrollo económico conseguido durante esos mismos años sacó a España del subdesarrollo, la convirtió en un país industrial y urbanizado en el que había grandes posibilidades de promoción social.
El desarrollo económico
La transformación de España en la década del desarrollo fue radical. Los años de mayor crecimiento fueron entre 1961 y 1964 con tasas de un 8,7% anual, un inflación controlada entre el 5 y el 9% y alzas salariales entre el 8 y el 11%. No fue ajeno a este crecimiento el I Plan de Desarrollo (1964), dedicado a la inversión industrial, la expansión de las exportaciones y el desarrollo agrícola. Sin embargo, los tres pilares del desarrollo español fueron el turismo, la inversión extranjera y las divisas aportadas por los emigrantes.
Entre 1961 y 1966 el número de turistas se elevó de 7 a 17 millones y en 1970 la cifra ya alcanzaba los 24 millones. El crecimiento de las exportaciones continuó siendo insuficiente para equilibrar el déficit comercial resultante de las importaciones crecientes de alimentos y bienes de equipo, pero los ingresos del turismo lograron compensar la diferencia. El turismo, además, supuso la modificación de la estructura económica española en la que el sector servicios fue adquiriendo cada vez mayor relevancia.
La inversión extranjera, cifrada en unos 7.600 millones de dólares entre 1960 y 1974, se orientó preferentemente a la industria automovilística, electrónica y química. El principal atractivo que norteamericanos, suizos y alemanes veían en España eran las posibilidades de un mercado en expansión y los bajos costes salariales.
En cuanto a la emigración, el régimen no hizo nada para desalentarla. Al contrario, las más de 100.000 personas que salieron de España durante la década de los sesenta aportaron enormes partidas de divisas que sirvieron para capitalizar el país, además de resolver el secular problema del desempleo rural.
Como en todos los países en vías de industrialización acelerada, la agricultura se vio relegada en los planes de inversión del Estado. Cierto es que desde la posguerra el régimen tomó disposiciones para remediar los males seculares del campo español, pero la escasez de los recursos empleados ralentizó los procesos de cambio. La lucha contra el minifundio iniciada con la Ley de Concentración Parcelaria (1952) sirvió para convertir pequeñas parcelas en explotaciones viables; sin embargo, en la década de los setenta todavía la mitad de las explotaciones agrarias gallegas eran inferiores a 20 hectáreas. El ritmo anual de concentración parcelaria previsto en la ley era de unas 200.000 hectáreas, por tanto, se necesitaban alrededor de treinta años para culminar el plan. Además de su escasa rentabilidad, el minifundio condenaba a la pobreza a sus propietarios y a regiones enteras en las que era el tipo de propiedad predominante. En los años cuarenta un minifundista solía tener una renta equivalente a la de un jornalero, pero en décadas posteriores, cuando los salarios de los jornaleros se dispararon en sentido ascendente, la mitad de ellos tuvieron unos ingresos inferiores. En consecuencia, muchos minifundios tendieron a desaparecer; concretamente entre 1962 y 1972 lo hicieron medio millón de fincas. Lo que la ley no pudo hacer lo hizo el mercado.
Las nuevas oportunidades de encontrar empleo en la ciudad o en el extranjero provocaron el éxodo masivo de jornaleros y minifundistas. La reducción de la mano de obra disponible estimuló el alza de salarios. Si entre 1950 y 1972 los precios subieron del índice 651 al 1465, los salarios rurales pasaron del 424 al 5030. El aumento de los costes salariales junto con la posibilidad de beneficiarse del crédito oficial contribuyó a la modernización del campo español: el número de tractores pasó de uno por cada 228 hectáreas (1962) a uno por cada 45 (1970).
Puede decirse que al final del franquismo la agricultura española había culminado su proceso de modernización por varios motivos: porque se había desterrado definitivamente el fantasma del hambre en España, porque se había dejado de producir a cualquier costo y la producción empezaba a responder a las verdaderas demandas del mercado interno y porque su contribución al total del PNB español había descendido del 24% (1960) al 13% (1970).
La liberalización nacida del I Plan de Desarrollo (1964) inició el mayor ciclo de industrialización y de prosperidad que España haya conocido jamás. No puede imputarse todo el éxito del desarrollo económico a los planes del gobierno, ya que estos fueron meras proyecciones sobre la orientación económica que el propio mercado ya marcaba. Resulta bastante clarificador del relativo impacto de los planes de desarrollo el hecho de que el gobierno no hubiera contemplado en ellos la importancia del turismo o la emigración pues, como ya hemos visto, eran las principales fuentes de capitalización de la economía española.
De hecho, los planes de desarrollo impulsados por López Rodó y después por López Bravo, ambos ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei, contaron con la oposición de determinados sectores del Movimiento, en concreto por Suances, entonces al frente del INI. El resultado de la batalla entre los partidarios de la liberalización y los defensores del intervencionismo fue el incumplimiento de los propósitos iniciales de los planes: aunque se limitaron las inversiones del INI, este siguió controlando buena parte de la producción de algunos sectores clave, como la construcción naval, fabricación de camiones, carbón, aluminio, hierro, acero, etc. Para López Bravo el INI debía tener un papel subsidiario de la empresa privada, lo que a la larga acabó convirtiéndole en un refugio de empresas insolventes mantenidas artificialmente por motivos políticos.
La política gubernamental respecto a la empresa privada siguió presidida por el intervencionismo a través de subvenciones, financiación oficial o exenciones fiscales. Una muestra de este intervencionismo fueron los llamados polos de desarrollo, consistentes en favorecer la inversión privada en zonas industrialmente deficitarias como Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla a través de infraestructuras a cargo del Estado y todo tipo de beneficios fiscales y ayudas directas. La fijación de zonas de inversión preferente no respondía a criterios económicos sino exclusivamente políticos de desarrollo regional; en estas condiciones, la rentabilidad de las inversiones resultó mucho menor de la esperada y, en algunos casos, supuso un auténtico despilfarro de fondos públicos.
A pesar de las contradicciones y limitaciones de los planes de desarrollo el crecimiento industrial fue extraordinario, un 160% entre 1963-72. La productividad se duplicó durante el mismo periodo. Las exportaciones se multiplicaron por 10. Las tasas anuales de crecimiento eran las más altas de Europa y unas de las más altas del mundo. En los años setenta España pasó a ocupar el undécimo puesto entre los países más industrializados del mundo, y todo ello con las limitaciones que imponía el estar al margen de la Comunidad Económica Europea.
La mayoría de los problemas económicos planteados después del franquismo derivaban de la recesión internacional provocada por la crisis del petróleo (1973). No obstante, la política económica franquista provocó graves desajustes que tuvieron que ser combatidos por los gobiernos de la transición: el fuerte desequilibrio regional, la falta de flexibilidad fruto del excesivo reglamentismo oficial, la carencia de infraestructuras como consecuencia de la escasez de recursos del Estado, las tendencias inflacionistas y la incapacidad de nuestra economía para dar empleo a toda la mano de obra disponible sin recurrir a la emigración.
La modernización de España
La industrialización de los años sesenta y setenta provocó una auténtica transformación social y cultural en España, que dejó de ser un país rural y agrícola. En la década de los sesenta alrededor de 4 millones de españoles cambiaron de residencia. En el último censo de la era franquista (1970) el 33% de la población residía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes mientras que el 37% lo hacía en poblaciones de más de 100.000.
El proceso de urbanización se llevó a cabo de forma regionalmente desequilibrada. Las zonas de recepción de emigrantes fueron las costas (País Vasco, Cataluña, Valencia), el eje del Ebro y Madrid. Dicha distribución correspondía, en líneas generales, a la localización de la industria: a mediados de los setenta la mitad de la industria española se repartía tan sólo entre Madrid, País Vasco y Cataluña.
 Al final del franquismo la estructura de la población activa española era la propia de un país moderno: aunque las tasas de la población agrícola (22%) eran superiores a las del resto de Europa, el sector servicios y el industrial ocupaban al 40 y 38% de la población activa. Sin embargo, el pluriempleo y la escasa incorporación de la mujer al mundo laboral distinguían todavía a España de la realidad laboral del resto de Europa.
El crecimiento económico español alcanzó a la mayoría de la población. Desde de 1960 hasta la muerte de Franco la participación de los salarios en la renta nacional creció al menos un 20%. El consumo creció extraordinariamente; el bienestar de la vida moderna estaba al fin al alcance del español medio. En 1975 el 80% de la población tenía frigorífico, televisor y lavadora. Al mismo tiempo, la semana laboral media se redujo de 48 horas en 1964 a 44 en 1975.
La modernización de España supuso la emergencia de la clase media nacida del esfuerzo y la austeridad, del pluriempleo y de las largas jornadas laborales. Sin embargo, todavía al final del franquismo 1,2% de la población acumulaba el 22% de la renta nacional.
El progreso económico permitió aumentar el sistema asistencial y educativo. El sistema de seguridad social, inicialmente previsto para los trabajadores de la industria y servicios, se amplió a la población agrícola (1964), a los trabajadores autónomos (1971) para generalizarse finalmente (1972). Al final del franquismo la escuela primaria ya era obligatoria a nivel nacional, destinándose recursos suficientes para la construcción de escuelas; en 1971 la proporción del PNB empleada en educación era más del doble de la de 1964. En 1970 el número de estudiantes de secundaria educados en escuelas públicas superó por primera vez el total de los que lo eran en instituciones religiosas. La población universitaria se incrementó en un 500% en los cinco últimos años del franquismo; la falta de instalaciones adecuadas para acoger a la creciente población universitaria no hizo más que reforzar su tendencia en contra del régimen.
Una de las principales consecuencias de la modernización de España fue el progresivo abandono de las costumbres inspiradas en la moral católica tradicional. El bienestar económico, el impacto cultural del turismo y la propia reforma interna de la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II impulsaron unos nuevos hábitos en la sociedad española.
A mediados de los setenta, la mayoría del clero había abandonado la ideología española tradicional sobre la que se asentaba el franquismo. Cientos de sacerdotes se habían visto involucrados en actividades de oposición sindical, universitaria y política provocando la virulenta reacción de la extrema derecha; los más radicales eran la organización paramilitar Guerrilleros de Cristo Rey cuyas acciones contra militantes de izquierda fueron reiteradamente censuradas por la jerarquía eclesiástica.

La decadencia política del Régimen: la apertura fallida
Las reformas de los sesenta
En 1966 se aprobó la Ley Orgánica del Estado, una reforma más administrativa que política del régimen. Los reformistas como Fraga se sintieron decepcionados que tan larga discusión sobre la orientación del franquismo concluyera con una ley tan poco ambiciosa. En realidad la ley no era más que una codificación de las seis Leyes Fundamentales (Fuero del Trabajo, Ley de Sucesión, Ley de las Cortes, Fuero de los Españoles, Ley del Referéndum y los Principios Fundamentales del Movimiento) clarificándolas, eliminando la terminología fascista -sobre todo en la Organización Sindical- y reafirmando el futuro monárquico del régimen. Además, reformaba algunas de las instituciones del Estado, como el Consejo del Reino, el Consejo Nacional y las Cortes.
La Ley de Prensa presentada por Fraga y aprobada por Las Cortes el 15 de mayo de 1966, la Ley de Libertad Religiosa (1967) y la Ley de Representación Familiar (1967) completan las reformas de finales de los sesenta. La primera supuso la supresión de la censura previa; a partir de entonces, los editores se hacían responsables de que el contenido de sus publicaciones no atentara al régimen y la religión católica. En caso de hacerlo, podían ser objeto de una amplia gama de sanciones, que iban desde la multa al arresto o confiscación. Aunque esta ley no implantase la libertad de prensa permitió ampliar los márgenes de la información; la circulación de periódicos aumentó de menos de medio millón en 1945 a 2.500.000 en 1967.
La Ley de Libertad Religiosa permitía mayor libertad religiosa aunque con restricciones.La Ley de Representación Familiar estableció el procedimiento para la elección de 108 representantes familiares en las Cortes, un 20 % de los escaños.
Las reformas de los años sesenta fueron una ocasión perdida para liberalizar el régimen y canalizar las nuevas tendencias de la sociedad española. Quizá por ello el final de los sesenta se caracterizó por la agitación obrera y estudiantil. La juventud y los trabajadores estaban ya perdidos para la causa del Movimiento, del SEU y la Organización Sindical. Cada año que pasaba los afiliados al Movimiento envejecían y disminuían simultáneamente. El propio Fernández Cuesta se quejó amargamente en 1968 que el Movimiento había quedado en estado gaseoso.
Manifestación, año 68
 Una vez concluida la institucionalización del régimen, Carrero Blanco y López Rodó presionaron a Franco para que garantizara la continuidad y estabilidad política nombrando como sucesor a un heredero legítimo al trono, esto es, el príncipe don Juan Carlos. A pesar de las maniobras para imponer a Alfonso de Borbón y Dampierre, casado con una nieta de Franco, por parte de algunos prohombres del régimen como Nieto Antúnez o Solís, el Caudillo ya se había decidido por don Juan Carlos, de quien apreciaba su discreción y sobriedad.
El 21 de julio de 1969 Franco presentó al fin ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos como sucesor al trono, posteriormente ratificada por las Cortes con el resultado de 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. Hasta entonces, el Príncipe se había movido con suma cautela sabedor del estrecho margen que tenía para actuar. Sin embargo, el futuro rey y su ex-tutor, Fernández Miranda, ya habían estudiado la posibilidad de reformar el régimen desde la legalidad una vez asumiera la jefatura del Estado.
Don Juan Carlos es designado heredero
El gobierno monocolor
El 29 de octubre de 1969 se constituyó un nuevo gabinete después del estallido del mayor escándalo financiero del franquismo: el asunto Matesa. El empresario Juan Vilá Reyes falseó pedidos de compra de la maquinaria industrial que fabricaba con el objeto de obtener créditos oficiales para la exportación. Vilá Reyes fue detenido y la empresa fue intervenida por el Gobierno. En realidad, se trataba simplemente de procedimientos irregulares para salvar la rigidez del sistema de ayudas oficiales a la exportación, pero la supuesta connivencia de los ministros económicos del gobierno desató el escándalo.
La prensa del Movimiento utilizó el asunto para arremeter contra los ministros tecnócratas Juan José Espinosa y Faustino García Moncó, pero Franco no se dejó arrastrar por la campaña y remodeló totalmente el Gobierno cesando a los ministros implicados y a Fraga, Solís, Castiella y Nieto Antúnez por motivos diversos.
El nuevo gobierno supuso una victoria clara de Carrero Blanco, que consiguió colocar a personas de su confianza, la mayoría vinculadas al Opus Dei y Acción Católica en los ministerios más importantes. Permanecieron en sus cargos López Rodó, Silva Muñoz, Oriol y Villar Palasí. Se incorporaron Fernández Miranda como ministro-secretario del Movimiento, García Ramal como ministro sin cartera ocupado de la Organización Sindical, López Bravo en Asuntos Exteriores, Monreal Luque en Hacienda, Garicano Goñi en Gobernación y Sánchez Bella en Información y Turismo.
El proyecto de mayor calado político durante este gobierno fue el borrador de asociaciones presentado por Fernández Miranda el 21 de mayo de 1970. En él se exigía que la petición de constitución de asociación debía contar con el apoyo de 10.000 firmas, un documento notarial declarando que respetaban los Principios Fundamentales del Movimiento y las Leyes Fundamentales y la autorización del Consejo Nacional. No se preveía en el borrador ni un nuevo procedimiento electoral ni la creación de nuevas instituciones representativas.
Tal como Franco y Carrero deseaban, el proyecto no llegó a concretarse por falta de impulso político que se suplía con grandes dosis de retórica oficial. Como apuntó Fernández Miranda, "decir sí o no a las asociaciones políticas es simplemente un trampa saducea. La cuestión es ver si al decir sí a las asociaciones políticas decimos también sí o no, o no decimos sí o no, a los partidos políticos".
Sin directrices de un Franco cada vez más débil por motivos de salud y edad, el gobierno se dedicó a labores puramente gestoras, abandonando cualquier proyecto político de envergadura. El crecimiento de la violencia política por parte de las organizaciones terroristas (ETA, FRAP) y de los grupos de ultraderecha (Guerrilleros de Cristo Rey) paralizó cualquier iniciativa reformista que el Gobierno hubiera podido albergar.
Mientras, los grupos más reaccionarios del régimen vieron en el matrimonio de Alfonso de Borbón Dampierre y Mª del Carmen Martínez-Bordiu Franco, nieta de Franco, en 1972 como oportunidad para cambiar la línea de sucesión y colocar en el trono a un rey más manejable y afín a sus propósitos. La ultraderecha y la propia Doña Carmen ejercieron todo tipo de presiones para degradar la imagen del Príncipe, pero Franco no rectificó su decisión.
Como bien apuntan los historiadores Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, el mal que atacaba el estado franquista "era una crisis de contradicciones. España era oficialmente un estado católico y, sin embargo, la Iglesia estaba enfrentada al régimen. Las huelgas eran ilegales, pero había cientos todos los años. España era un estado antiliberal, pero buscaba desesperadamente alguna forma de legitimidad democrática".
La presidencia de Carrero
En junio de 1973 Franco decidió descargarse de las funciones ejecutivas nombrando presidente del Gobierno a su fiel mano derecha, el almirante Carrero Blanco. El nombramiento de Carrero era el resultado lógico de la evolución que Franco había seguido en los últimos años. Cada vez más desinteresado de la política, optó por recluirse en El Pardo rodeado únicamente de sus familiares y colaboradores más leales. Parece ser que la medicación a la que estuvo sometido en sus últimos años mermó su capacidad de decisión y aumentó su proverbial indiferencia hacia los temas políticos.  La elección de Carrero Blanco no sorprendió a nadie; había sido su colaborador más próximo desde el cese de Serrano Suñer, no se adscribía a ninguna corriente del franquismo, era militar y compartía los mismos puntos de vista que el Caudillo sobre la manera de gobernar España.
El nombramiento de Carrero puso por primera vez en marcha el procedimiento institucional de elección de un presidente del Gobierno. El Consejo del Reino presentó al Jefe del Estado una terna de candidatos formada por el futuro presidente, Manuel Fraga y Fernández Cuesta. De esta forma, se pretendía dar la apariencia de que en el nombramiento del presidente participaban las instituciones del Estado, cuando en realidad la decisión correspondía exclusivamente al propio Franco que hacía llegar a los proponentes su candidato preferido para que fuera incluido en la terna.
Carrero Blanco intentó mantener la práctica del arbitraje entre las familias del régimen que Franco había seguido en la formación de sus gobiernos. Sin embargo, la mayoría de las nuevas figuras del régimen no se adscribían a ninguna corriente. En el gobierno de 1973 tan sólo Barrera de Irimo y Utrera Molina, católico y falangista respectivamente,podían ser identificados como miembros de uno de los clanes del franquismo. En cualquier caso, no se pudo  acusar a Carrero de haber formado un gobierno de leales ni de haber tomado partido por una corriente u otra. El único rasgo en común de todos los ministros era su lealtad al régimen y a don Juan Carlos como sucesor en el trono.
Parece ser que Franco dejó plena libertad a Carrero a la hora de elegir sus ministros; solamente se limitó a proponer a Arias Navarro como ministro de la Gobernación. López Rodó, que siempre había sido considerado como el inspirador teórico de Carrero, fue alejado de la política nacional al asignársele la cartera de Exteriores. Fernández Miranda ocupó la vicepresidencia y la Secretaría General del Movimiento. Existió cierta continuidad respecto del gobierno de 1969; Julio Salvador, López de Letona, Allende García-Baxter, Licinio de la Fuente y García del Ramal repitieron como ministros.
El gobierno de 1973 heredó la polémica sobre el proyecto de ley de asociaciones. Franco y Carrero pretendían que el tema estuviese eternamente en discusión para dar cierta sensación de renovación sin tenerse que pronunciar en favor de una u otra postura. Correspondió a Fernández Miranda la tarea de dilatar la cuestión presentando un proyecto con tantas matizaciones y prevenciones que prácticamente lo vaciaba de contenido. En ese sentido, López Rodó instó al Secretario General del Movimiento a que abandonase la disquisiciones especulativas y presentase un texto concreto para su discusión. En definitiva, se trataba de abrir o no la posibilidad de legalizar asociaciones al margen del Movimiento.
El 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco fue asesinado por el grupo terrorista ETA. El coche del presidente del gobierno se elevó por encima de los cuatro pisos de una residencia de los jesuitas para caer en su patio interior, por el impulso de una bomba de ochenta kilos de goma-2 colocada en un túnel debajo de la calle Claudio Coello de Madrid.
Funeral de Carrero Blanco
La muerte violenta de Carrero impresionó profundamente a Franco y a toda la sociedad española, pero sus consecuencias fueron mucho menores de las que se podían esperar. Franco se hizo más vulnerable a las presiones de la camarilla de El Pardo y los tecnócratas desaparecieron del gobierno, pero no hubo ningún cambio político o institucional sustancial. Navarro Rubio habló de la revancha de la Falange; en realidad la Falange como tal no recuperó posiciones, pero los grupos más inmovilistas se felicitaron de la desaparición de los tecnócratas de los puestos clave de la Administración.De nuevo volvió a ponerse en marcha el procedimiento institucional de elección del presidente del Gobierno. Rodríguez Valcárcel, en calidad de presidente de las Cortes, recibió de Franco la instrucción de incluir en la terna de candidatos a la presidencia a Arias Navarro.
La presidencia Arias
Arias Navarro no era una personalidad del régimen, no tenía clientela propia, carecía de carisma personal y se había mantenido al margen de las polémicas políticas de los últimos meses. En su historial político figuraba su paso por la Dirección General de Seguridad y por el Ayuntamiento de Madrid. Nadie olvidaba que, como ministro de la Gobernación, era el responsable último del fracaso en el sistema de seguridad del presidente Carrero en el momento del atentado. Sin embargo, Arias Navarro gozaba de la simpatía de la camarilla de El Pardo formada por Doña Carmen, el Marqués de Villaverde, el médico Vicente Gil y algunos miembros de la Casa Militar. Inicialmente, Franco se había decantado por otro militar para sustituir a Carrero: Nieto Antúnez, ex-ministro de Marina y amigo personal del Caudillo. Sin embargo, sus afinidades con el aperturismo a través de Fraga le habían valido la oposición de los mismos que proponían a Arias. En pura lógica política, Fernández Miranda, vicepresidente del gobierno nombrado por Carrero y hombre de gran habilidad política, debería haber sido incluido en la terna en la que finalmente aparecieron Arias, Solís y García Hernández.
Arias Navarro presidió el primer gobierno franquista compuesto exclusivamente por civiles -salvo los ministerios militares- caracterizados por su pragmatismo y su solvencia técnica. Reunió a los dos sectores del franquismo, inmovilistas y aperturistas, sin poder ejercer un liderazgo firme sobre ellos. Así, el gobierno careció de una línea política coherente, basculando entre apertura, promovida por el tandem Pío Cabanillas-Antonio Carro, y el inmovilismo representado por Utrera Molina. Este último, un falangista a la vieja usanza, despachaba habitualmente con Franco y le tenía al corriente de las deliberaciones del consejo. Franco también impuso a Arias el nombramiento de Barrera de Irimo al frente del equipo económico y a Cortina Mauri como ministro de Asuntos Exteriores.
El programa del nuevo gobierno se concretó en el discurso del presidente del Gobierno ante las Cortes el 12 de febrero de 1974. La oferta presidencial, redactada por Gabriel Cisneros e inspirada por los ministros Cabanillas y Carro, contenía un nuevo proyecto de ley sobre Régimen Local, una ley de incompatibilidades políticas, una reforma sindical y el estudio del derecho de asociaciones conforme a los principios y normas de nuestras Leyes Fundamentales, así como algunas alusiones a la libertad de prensa y religiosa. El llamado espíritu del 12 de febrero suponía una alineamiento claro del gobierno con las posiciones de los sectores aperturistas. Curiosamente, Arias no sometió su programa a la aprobación de Franco, que lo consideraba inoportuno, y el jefe del estado tampoco hizo nada para impedirlo.
Carlos Arias Navarro
A pesar de las limitaciones del programa del gobierno, Pío Cabanillas supo transmitir la sensación de cambio mediante una actitud permisiva con la prensa. Legalmente, el gobierno podía seguir instruyendo expedientes administrativos y secuestrando publicaciones, pero desde luego hubo mayor atrevimiento por parte de la prensa hacia temas hasta entonces prohibidos. La publicación Cambio 16 llegó a vender más de medio millón de ejemplares cada semana, reflejando el despertar del interés político de la sociedad española. La prensa empezó a informar sobre la España real, sobre las huelgas, atentados, nuevas costumbres e, incluso, sobre políticos ajenos al régimen.
Los esfuerzos de Cabanillas por presentar a Arias como un reformista prudente sufrieron un duro golpe cuando el 2 de marzo se ejecutó a garrote vil al delincuente polaco Heinz Chez y al anarquista catalán Salvador Puig Antich, después de que el gobierno desestimase el indulto y Franco no ejerciese el derecho de gracia. Las peticiones de clemencia que se cursaron desde toda Europa -entre ellas, las del propio Papa Pablo VI- fueron desatendidas. El franquismo volvía a ofrecer su faceta más negra.
En el mismo mes de marzo el obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, volvió a poner a prueba la fragilidad del espíritu del 12 de febrero con una homilía en la que se denunciaba la represión de los signos de identidad vascos. El gobierno ordenó el arresto domiciliario del obispo y le instó a abandonar España. La Conferencia Episcopal respaldó a Añoveros y amenazó a las autoridades con la excomunión en caso de persistir en su actitud.
Desde un punto de vista interno, la crisis era extremadamente grave. España seguía siendo un estado confesionalmente católico a pesar del distanciamiento que la jerarquía eclesiástica había ido imponiendo en sus relaciones con el régimen. Franco y Carrero nunca entendieron el giro de la Iglesia desde el Concilio Vaticano, pero mantuvieron una actitud respetuosa; los sectores más inmovilistas del régimen, en cambio, lo consideraron una traición. Las críticas más virulentas contra la Iglesia procedían de los grupos más reaccionarios del régimen, que acusaban al clero aperturista de dar cobijo a actividades ilegales en sus parroquias y de abandonar su misión evangélica por un posicionamiento político contestatario.
Ante la gravedad de la situación, Franco decidió intervenir. No consiguió que la Conferencia Episcopal desautorizase a Monseñor Añoveros, pero en la nota oficial se aclaró que en la homilía del obispo de Bilbao no había la voluntad de poner en duda la unidad de España. El gobierno, que con su exagerada reacción había sido el responsable de la crisis, se mantuvo al margen y pasados los momentos de tensión levantó el arresto domiciliario a Añoveros.
En poco menos de un mes el espíritu del 12 de febrero se había convertido en papel mojado. A pesar de que no se había producido ningún cambio que avalase el supuesto programa liberalizador del gobierno, la ultraderecha denunció la existencia de "enanos infiltrados", en palabras de Blas Piñar, que desde el propio régimen conspiraban para destruirlo. Girón, en las páginas del diario Arriba, llegó a advertir que la conspiración masónica había logrado colocar a falsos liberales -en alusión a Cabanillas y Carro- en el gobierno de España. La principal víctima de la reacción de la ultraderecha fue el general Díez Alegría -el general más comprometido con la apertura-, cesado en su cargo en el Estado Mayor por la presión de los sectores más inmovilistas del Ejército. La oposición democrática había querido ver en Díez Alegría el Spínola español, esto es, el militar que pusiera fin a la dictadura.
Por si quedaba alguna duda del abandono de la causa reformista por Arias, el presidente del Gobierno dejó bien claro en Barcelona el 15 de junio que el espíritu del 12 de febrero no era nada distinto ni contrario al Movimiento. El Estatuto de Asociaciones finalmente aprobado en diciembre de 1974 dejaba en manos del Consejo Nacional del Movimiento la aprobación de las solicitudes de constitución en asociación política. 
El 9 de julio de 1974 Franco tuvo que ser ingresado en un hospital aquejado de una flebitis. Ante las complicaciones que surgieron, el propio Caudillo decidió ceder temporalmente los poderes de la jefatura del Estado según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado. Los sectores más aperturistas del régimen creyeron que había llegado la hora del relevo definitivo, de la restauración de la monarquía en la persona de don Juan Carlos, posición que la camarilla de El Pardo supo manipular convenientemente para convencer a Franco que debía recuperar la plenitud de sus funciones. Franco fue informado por sus colaboradores más directos de unas supuestas conspiraciones de don Juan y de algunas figuras del régimen para apartarle del poder. Su sola insinuación bastó a Franco para decidirse a recuperar la jefatura del estado el 2 de septiembre del mismo año. Aunque Franco consiguió recuperar parte de su vitalidad gracias al tratamiento impuesto por el doctor Pozuelo, lo cierto es que desde su reincorporación a la jefatura del estado España vivió en una situación de incertidumbre y provisionalidad.
En aquellos momentos, el ministro Cabanillas concitaba la animadversión de los sectores inmovilistas del régimen. Fue acusado de ser el inspirador del relevo definitivo de Franco, se le hizo responsable de haber permitido a la prensa informar sobre la revolución de los claveles en Portugal aplaudiendo el fin de la dictadura y de haber consentido "la ola de erotismo que nos invade". El cese de Cabanillas el 29 de octubre provocó una oleada de dimisiones en cadena: el vicepresidente Barrera de Irimo, el presidente del INI Francisco Fernández Ordóñez, el subsecretario de Información y Turismo Marcelino Oreja, el director general de Televisión Española Juan José Rosón y otros muchos altos funcionarios.
El gobierno de Arias quedó sin representación de los sectores aperturistas del régimen.Para compensarlo, en una crisis posterior en febrero de 1975 provocada por la dimisión de Licinio de la Fuente, dio entrada a Herrero Tejedor en sustitución de Utrera Molina en el ministerio-secretaría general del Movimiento. Herrero era uno de los políticos del Movimiento más claramente alineados con el aperturismo, además de ser una de las personalidades con las que don Juan Carlos pretendía contar en el momento del traspaso de poderes. Su prematura muerte dio entrada de nuevo en el Gobierno a José Solís.
El gobierno Arias tuvo que enfrentarse a una escalada de la violencia callejera y del terrorismo. En 1974 hubo veinte víctimas mortales de terrorismo. El gobierno endureció la legislación antiterrorista fijando la pena de muerte obligatoria para los asesinos de miembros de las fuerzas de seguridad con efectos retroactivos. El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados 5 terroristas de ETA y FRAP, desoyendo las peticiones de clemencia cursadas por el Vaticano y por don Juan de Borbón.
Las ejecuciones desataron una campaña internacional de condena en toda Europa; algunas embajadas españolas en el extranjero fueron asaltadas y la de Lisboa fue incendiada por los manifestantes. Quince embajadores abandonaron Madrid en señal de protesta. Desde 1947 el franquismo no había padecido una reprobación internacional tan contundente.
Las ejecuciones no sirvieron para frenar la oleada terrorista: el 1 de octubre, un grupo hasta entonces desconocido, el GRAPO, asesinó a tres policías en Madrid y el 5 del mismo mes cayeron tres guardias civiles en Guipúzcoa como consecuencia de un atentado de ETA.
En desagravio a la campaña internacional de repudio al régimen, los franquistas más recalcitrantes volvieron a organizar un acto multitudinario de apoyo a Franco. Miles de personas se reunieron el 1 de octubre de 1975 en la plaza de Oriente de Madrid para vitorear al caudillo y repudiar cualquier intento de apertura. Franco, con una voz débil y prácticamente ininteligible, recordó a sus leales que todo obedecía a una conspiración masónica izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social que "si a nosotros nos honra, a ellos les envilece". El mismo lenguaje con idéntico mensaje que en décadas anteriores. Pero Franco no era el mismo. Los testigos del acto vieron a un Franco cansado y débil que rompió a llorar emocionado al acabar el acto.
La tensión acumulada pasó factura a Franco. El 12 de octubre, después de presidir los actos por el Día de la Hispanidad, cayó enfermo. Primero fue una gripe y después un infarto. Sin embargo, quiso presidir el Consejo de Ministros en el que se trató el problema de Marruecos y lo hizo con tres electrodos pegados al pecho y conectados a un monitor situado en una habitación contigua bajo la vigilancia de varios médicos. Tal era su determinación de no dejar su puesto hasta el final.
A partir de entonces se inició su larga agonía, jalonada por varios infartos, operaciones y una interminable lista de complicaciones secundarias. Franco se reunió con Arias y don Juan Carlos para preparar el traspaso de poderes que, en esta ocasión, sería definitivo. El 20 de noviembre de 1975, a las 5.25, Franco murió. Los intentos de la camarilla de El Pardo para prolongar su vida hasta que Rodríguez Valcárcel pudiera ser reelegido como Presidente de las Cortes resultaron infructuosos.
Franco dejó escrito un testamento en el que, de forma tan breve como sincera, reflejó lo que habían sido las pautas de su comportamiento: el catolicismo, el patriotismo, su paternalismo, su convencimiento en la labor mesiánica que le había sido encomendada y sus simplificaciones y obsesiones políticas.
La política exterior del final del Franquismo
La política exterior de los últimos años del franquismo estuvo en buena parte personificada en Castiella, ministro de Asuntos Exteriores desde 1957 a 1969, al que correspondió la tarea de aproximación de España al resto de los países occidentales. La propia idiosincrasia del régimen franquista hizo estéril la labor del ministro, ya que los miembros de la CEE no se dignaron ni en iniciar conversaciones para una posible incorporación de España hasta 1967 y algunos países de la OTAN vetaron su entrada hasta que Franco no abandonase el poder. Tampoco resultaron fructíferas las negociaciones de Castiella con los Estados Unidos y en la negociación de la prórroga del pacto de cooperación no se consiguieron las aportaciones económicas que el régimen había solicitado.
A pesar de que España mantenía relaciones cordiales con la mayoría de los países de la comunidad árabe, Marruecos era el principal foco de tensión en las relaciones exteriores españolas. En 1961 España retiró su último contingente en el protectorado y las reivindicaciones marroquíes se trasladaron a las restantes posesiones (Ifni, Sáhara, Ceuta y Melilla) y a la ampliación de sus aguas territoriales donde tradicionalmente faenaban pesqueros españoles.
La reivindicación española del peñón de Gibraltar en los foros internacionales encontró siempre el escollo del mantenimiento de las colonias españolas en África. La revuelta antiportuguesa en Angola (1961) convenció a las autoridades españolas de la inconveniencia de mantener una política colonial a ultranza. En 1962 el Gobierno español declaró formalmente la apertura de negociaciones para la descolonización de Río Muni y Fernando Poo. En 1963 se promulgó un estatuto de autonomía que abrió el camino de la independencia concedida en 1968 y ratificada en referéndum.
El problema de Gibraltar continuó siendo inteligentemente llevado por la propaganda oficial para demostrar la teoría del acoso externo del régimen por países supuestamente más desarrollados como Gran Bretaña. La ONU votó repetidamente a favor de la descolonización, pero Gran Bretaña respondió convocando un referéndum (1967) en el que la población gibraltareña votó casi por unanimidad permanecer bajo soberanía británica. El Gobierno español basó toda su estrategia para la recuperación de Gibraltar en el hostigamiento y finalmente aislamiento del peñón.
En 1969 López Bravo sustituyó a Castiella al frente de la diplomacia española. El nuevo ministro, que cultivó una imagen de actividad frenética a base de innumerables viajes por todo el mundo, consiguió que España pasase a ser país asociado de la CEE a partir de 1970, lo que suponía un trato preferencial en materia comercial. López Bravo también fue el artífice de la reanudación de relaciones con países del Este, como la RDA, China, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Checoslovaquia.
En el verano de 1970 España firmó un tratado de amistad con los Estados Unidos que fue seguido por una breve visita del presidente Nixon y, más tarde, con un viaje de don Juan Carlos a Washington. La visita real, cuidadosamente preparada por Areilza, fue un éxito; los Estados Unidos empezaron a confiar en el Príncipe como instrumento de un cambio pacífico después de la muerte de Franco. El refrendo norteamericano también sirvió para que en España se empezase a valorar la figura del futuro rey sobre el que hasta entonces había existido una desconfianza generalizada.
Juan Carlos ratifica un acuerdo con EE.UU.
Durante los últimos meses del franquismo las relaciones con Marruecos se deterioraron extraordinariamente por las pretensiones del Rey Hassan II de apropiarse del Sáhara español y por sus amenazas sobre Ceuta y Melilla. El 21 de septiembre de 1973 Franco prometió conceder la autodeterminación del Sáhara sin concretar una fecha para hacerla efectiva. Dos años más tarde, en mayo de 1975, Arias declaró que lo antes posible se iniciaría la devolución del territorio al pueblo saharaui, lo que significaba negarse a la pretensión marroquí de ocupar el territorio y optar por la cesión a los 70.000 beduinos representados por el Frente Polisario.
Aprovechando la crítica salud de Franco, el 20 de octubre de 1975 el rey Hassan II de Marruecos ordenó la Marcha Verde. Unos 100.000 civiles marroquíes cruzaron la frontera y se adentraron en el Sáhara. El Príncipe visitó las tropas españolas en el Sáhara sabedor de su baja moral ante la imposibilidad de hacer frente a una invasión por parte de población no armada. España y Marruecos restablecieron las negociaciones que dieron como fruto el compromiso español de retirarse antes del 28 de febrero de 1976. La delicada situación política que vivía España exigía un acuerdo rápido que liberase al futuro gobierno de complicaciones externas; el Frente Polisario fue la víctima de la situación, al ver esfumarse sus aspiraciones de administrar el territorio a pesar de tener las promesas del Gobierno español y el reconocimiento de sus derechos por parte de Naciones Unidas.
La oposición ante el cambio de Régimen
La oposición al franquismo se caracterizaba por su fragmentación en múltiples grupos y su excesivo personalismo. Existía la oposición interior y la del exilio, la pacífica y la violenta, la social y la política, la tolerada y la perseguida, la de izquierdas y la conservadora, la reformista y la rupturista.
La oposición que más preocupaba al régimen, sin ser la más representativa, era la de las bandas armadas. Las acciones de ETA, FRAP y GRAPO minaron uno de los pilares más sólidos del régimen: la supuesta paz social y el orden público. A pesar de que carecían de base social y la inmensa mayoría de los ciudadanos repudiaban tanto sus medios como sus fines. Sin embargo, el régimen se sentía obligado a dar respuesta desatando la espiral acción-reacción.
ETA nació en 1959, iniciando sus actividades delictivas a mediados de los sesenta; el primer asesinato data de 1968. Lo que al principio fue un grupo nacionalista radical con influencias socializantes y católicas con el tiempo acabó autoproclamándose como un movimiento de liberación nacional de base marxista-leninista. A diferencia de otros grupos terroristas, gozaba de un considerable respaldo social que le permitió superar los sucesivos golpes atestados por la policía y sus propias divisiones internas. Para muchos vascos, ETA era un grupo de jóvenes idealistas que utilizaban las armas para responder al ataque contra las señas de identidad de Euskadi. En ese sentido, los militantes nacionalistas radicales procedían tanto de familias con lejanas raíces vascas como por inmigrantes recién llegados, ávidos de una rápida integración en su nuevo entorno. El compromiso del clero vasco con la causa nacionalista radical demostró el grado de connivencia de la sociedad vasca con ETA. La imagen de unos jóvenes idealistas frente a la maquinaria represiva del Estado, representada por los consejos de guerra y tribunales militares, suscitaba la simpatía de una comunidad que sufría una indiscriminada persecución durante los sucesivos estados de excepción.
El apoyo social a ETA se manifestó especialmente en la campaña nacional e internacional en favor de los nueve condenados a muerte en los juicios de Burgos de diciembre de 1970; Franco entonces decidió conmutarlas por condenas a cadena perpetua.
El asesinato de Carrero Blanco en 1973 cambió la imagen de ETA, ya convertida en una peligrosa organización terrorista que podía acceder a cualquier objetivo que se propusiese. Sólo en el último año de vida de Franco ETA llegó a asesinar a 36 personas.
Mucho más numerosa era la oposición social nacida con aprobación de la ley de Convenios Colectivos (1958) que permitía la participación de los trabajadores en la negociación de las condiciones laborales. El sindicato ilegal Comisiones Obreras logró infiltrarse en la organización oficial obteniendo grandes éxitos en las elecciones sindicales desde 1967. Esta organización, a pesar de estar vinculada al PCE, supo atraerse con su mentalidad abierta y pragmática a muchos trabajadores que no participaban del ideario comunista. La conflictividad laboral aumentó extraordinariamente especialmente en Asturias, Madrid, País Vasco y Cataluña. Se pasó de un millón y medio de jornadas perdidas por huelgas (1966) a catorce millones en 1974. Aunque sus fines fueran teóricamente laborales, el gran número de huelgas por solidaridad indican que se trataban de protestas al régimen.
La oposición moderada y tolerada la formaban burócratas y tecnócratas jóvenes del régimen partidarios de una evolución hacia la democracia. Parte de esta oposición se organizó en torno al grupo Tácito, al que también pertenecían personajes claramente identificados con el antifranquismo. Tácito, que publicaba un artículo semanal en el diario Ya, estaba formado mayoritariamente por democristianos que después se engrosarían las filas del PSOE, nacionalismo catalán y vasco, el Partido Popular y la Democracia Cristiana.
Dentro de la oposición moderada estaban también los monárquicos cuyas actividades, meramente testimoniales, se circunscribían a la reivindicación de la figura de don Juan, continuamente difamado por la prensa más reaccionaria. Los carlistas eran pocos y mal avenidos: los seguidores de Carlos Hugo se apuntaron al socialismo autogestionario y los de Sixto al tradicionalismo más puro.
Para la mayoría de los españoles oposición era sinónimo de comunismo. El PCE era el partido clandestino más activo en los círculos universitarios, sindicales y culturales. Dentro del socialismo proliferaron los grupos que iban desde la autogestión al estilo yugoslavo a la socialdemocracia. El PSOE continuaba ocupando una posición central aunque debilitada por las luchas intestinas entre el exilio -unos mil seguidores del líder histórico Llopis- y el interior - unos 2.500 militantes mayoritariamente andaluces, vascos y madrileños-. En el Congreso de Suresnes (1974) la alianza entre Pablo Castellanos (Madrid), Enrique Múgica (País Vasco) y Alfonso Guerra (Andalucía) y la automarginación del líder de la UGT Nicolás Redondo, permitieron la elección de Felipe González como secretario general. A partir de entonces comenzó la política de atracción de la militancia de otros grupos menores, como el antiguo FLP, USO y otras formaciones autodenominadas socialistas.
El mismo día que Franco abandonó la clínica convaleciente de la flebitis se presentó en París la Junta Democrática, apadrinada por socios tan distintos como el comunista Santiago Carrillo y el monárquico Calvo-Serer, en la que estaban presentes los socialistas de Tierno Galván, los carlistas de Carlos Hugo, regionalistas e independientes. El objetivo de la Junta era constituir un gobierno provisional de transición a la democracia. La noticia pasó desapercibida en España gracias a la censura. En 1975 el PSOE renovado promovió la Plataforma de Convergencia Democrática compuesta por los democristianos de Ruiz Giménez, los socialdemócratas y los grupos de extrema izquierda escindidos del PCE (ORT y MC).
Junta Democrática, París
La dos grandes coaliciones de partidos de oposición estaban condenadas a entenderse, entre otras razones porque no había unidad ideológica interna en ninguna de ellas. Ambas coincidían en descartar la reforma del régimen franquista y en propugnar la ruptura democrática. Ya muerto Franco, ambos colectivos se unieron en la llamada Platajunta, que sirvió de interlocutor de la oposición con el gobierno Suárez.


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